CancúnNoticias.- El día de hoy el gobernador del Estado de Quintana Roo decidió ocultar por hasta 5 años información referente a los convenios entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), dirigido por la maestra, Martha Silva Martínez y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a cargo de Rosario Robles, señalada por presuntos y multimillonarios desvíos del gobierno federal.
De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación los convenios celebrados entre SQCS y Sedatu se dieron sin licitación y en el informe de la Cuenta Pública se estima que durante el 2015 ascendieron a 356 millones de pesos y en 2016 aumentaron a 450 millones de pesos.
Estos señalamientos se dan en el marco del reportaje del portal noticioso, Animal Político, quién confirmó la triangulación de recursos del gobierno federal a través de universidades y televisoras en los estados, dinero de impuestos que terminó siendo otorgado a empresas fantasmas o en el extranjero según información de Animal Político.
A diferencia del jefe del ejecutivo estatal, el gobernador Omar Fayad decidió hacer públicos todos los contratos y licitaciones realizados entre Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), con la Secretaría de Desarrollo Social. Entre SQCS y la estaciones radiofónicas y televisivas hidalguenses se estima que el monto de convenios llega a los 1, 700 millones de pesos.
Cabe destacar que el anterior director del RTH, Sergio Islas Olvera, está vinculado a diversos procesos penales y que ya recibió sentencia por malversación de 77 millones de pesos durante su gestión al frente del RTH, a diferencia de Quintana Roo en donde no se han desligado responsabilidades con ningún servidor público involucrado.
El gobernador incumple compromiso con la transparencia.
En un evento con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Carlos Joaquín González, en las instalaciones de la Universidad del Caribe en Cancún el 12 de agosto de 2017, aludió a la importancia de la transparencia:
“Hemos trabajado en ello desde el primer día, pero convertirnos en un gobierno abierto no solamente implica que compartamos la información, que entreguemos cuentas y midamos los resultados. La participación de los ciudadanos como elementos críticos es indispensable para este escrutinio”.
Sin embargo, hoy día la respuesta de la administración estatal a su cargo destaca que la información que se reserva por el plazo máximo estipulado en la ley es “convenio general, convenios específicos, anexos de ejecución y órdenes de trabajo relacionados con el caso Sedatu”.
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